El pasado 22 de Mayo el muy esperado Decreto del Gobierno de Canarias, que aprobaba el Reglamento de las viviendas vacacionales, fue finalmente aprobado. Pero al contrario de lo que prometía y lejos de solucionar los problemas existentes, se alejó en el último momento de cualquier solución válida para los propietarios de los inmuebles, qu e ven como corre peligro sus inversiones en la isla.
“Parecía que todo iba bien hasta que se metió a última hora un artículo que lo cambia todo y no arregla nada”, dice Eileen Izquierdo, abogada del bufete , que vela por los intereses de varios propietarios y que ha recurrido el Plan General de Yaiza por su regulación de las villas.
Un artículo incluido debido a las presiones ejercidas por parte de asociaciones hoteleras, en el que se detalla que se permitirá el aquiler vacacional siempre y cuando no lo prohíba expresamente la comunidad de propietarios y si la casa no está en zona turística, urbanización turística o mixta.
Para entender esa definición hay que acudir al artículo 2 de la Ley de renovación y modernización turística, que no aclara nada. La definición que da de lo que es cada cosa es tan ambigua que, en una jornada celebrada la semana pasada en el Cabildo sobre esta ley, nadie se puso de acuerdo sobre su alcance. De manera estricta, solo se permitiría la regularización de las casas que estén en el campo y en los pueblos, pero no entrarían el 95 por ciento de las casas que están en Puerto del Carmen, Costa Teguise o Playa Blanca.
El Cabildo de Lanzarote pide, para que las casas se regularicen, una declaración responsable, pero también otros documentos como la cédula de habitabilidad, datos fiscales o alta en el IAE, pero como indica Eillen Izquierdo, esto no hace falta porque los tribunales están dando la razón a los propietarios y aseguran que no hace falta autorización previa, sino solamente la declaración responsable.
En los últimos meses, Eileen Izquierdo ha ganado seis casos en cuatro Juzgados distintos, que ya tienen el mismo criterio.